La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó este jueves en la Legislatura el proyecto de Ley de Ciberseguridad, una iniciativa que busca consolidar como política de Estado la protección de las infraestructuras digitales y de los servicios esenciales de Mendoza. Durante la exposición también anunció un conjunto de iniciativas legislativas que el Gobierno provincial enviará antes de fin de año y adelantó que en los próximos días se publicarán dos decretos reglamentarios vinculados a la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad.

Durante la presentación estuvo acompañada por la vicegobernadora Hebe Casado; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner; el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, y el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff.

Al abrir la actividad, Casado destacó el carácter innovador de la iniciativa y confirmó que el proyecto ingresará por el Senado. «La Provincia fija con esta ley los lineamientos en materia de ciberseguridad, un tema que hoy resulta fundamental para cada ciudadano y sobre el que el Estado tiene que estar presente y legislar», sostuvo.

Durante su exposición, Rus recordó que la iniciativa había sido anunciada por el Gobernador Alfredo Cornejo durante el cierre de la White Hat Conference y remarcó que forma parte de una estrategia que la provincia viene desarrollando desde hace varios años. «Esta es una decisión que no se está tomando ahora. Se viene trabajando desde hace tiempo y justamente entendemos que, por la importancia que tiene, debe quedar establecida por ley para darle continuidad como política de Estado», afirmó.

La ministra explicó que el proyecto parte de una realidad cada vez más presente: la vida cotidiana de las personas transcurre tanto en el mundo físico como en el digital. «Hoy el ciudadano habita el mundo físico, pero también, cada vez más, el ciberespacio. Nosotros tenemos que brindar seguridad en los dos aspectos. En el mundo físico lo hacemos con el policía en la calle y con mucha tecnología; también necesitamos brindar esa custodia en el ciberespacio mediante tecnología y personal humano capacitado específicamente para eso», sostuvo.

Rus señaló que la transformación digital alcanzó a prácticamente todos los servicios esenciales que utiliza la ciudadanía y que eso obliga al Estado a reforzar su capacidad de protección. «La salud, la educación, el transporte, la energía, la seguridad y la justicia dependen cada vez más de sistemas digitales. Es importantísimo fijar reglas y custodiar esos sistemas porque cualquier ataque puede afectar servicios esenciales para la ciudadanía», explicó.

La ministra explicó que la norma busca establecer una política común para todos los organismos públicos. «Lo que hacemos con esta ley es reforzar la custodia de aquellos sistemas que sostienen los servicios públicos esenciales, pero no como cada organismo quiere hacerlo de manera separada, sino con una política clara, con reglas únicas, uniformes y con orden», explicó.

En ese sentido, afirmó que la ley prevé la creación de un Comité Ejecutivo de Ciberseguridad con una autoridad ejecutiva y operativa encargada de coordinar las acciones de prevención, custodia y respuesta frente a incidentes.

La ley alcanzará al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, además de proveedores vinculados a servicios críticos esenciales. También habilita a los municipios a adherir en el marco de sus autonomías. «Necesitamos una política única para toda la provincia que permita coordinar la prevención y también la respuesta cuando estos incidentes ocurren», expresó.

Rus agregó que los organismos públicos y privados reciben de manera permanente intentos de ciberataques, lo que obliga al Estado a fortalecer sus capacidades preventivas y de respuesta. Señaló que ese escenario de amenazas permanentes no implica necesariamente que los sistemas hayan sido vulnerados, sino que exige contar con estructuras preparadas para actuar de manera coordinada. «Los ataques ocurren y nosotros tenemos que estar mejor preparados que el atacante para poder proteger nuestros sistemas», aseveró.

Tecnología, capacitación y ciencia aplicada a la investigación

La ministra destacó que Mendoza viene fortaleciendo desde hace varios años la investigación criminal mediante la incorporación de tecnología y la formación de recursos humanos especializados.

En ese marco, recordó la capacitación de efectivos policiales en ciberdelito a través del Bootcamp realizado el año pasado y el funcionamiento, desde septiembre de 2024, del Laboratorio Forense Digital, que permite fortalecer el análisis de evidencia digital en investigaciones penales. «La Provincia viene aportando a la seguridad pública no solo desde el punto de vista de los recursos policiales, sino también formando personal altamente capacitado», dijo.

Actualmente, Mendoza cuenta con cuatro laboratorios especializados en ciencia y tecnología aplicada a la seguridad: el Laboratorio Forense Digital, el Laboratorio de Identificación Balística, el Laboratorio de Certificación de Alcoholímetros y el Laboratorio de Huella Genética, este último dependiente del Ministerio Público Fiscal. «Hoy Mendoza tiene cuatro laboratorios especializados en ciencia y tecnología aplicada a la seguridad. Eso es inédito en la Argentina», señaló.

Una agenda legislativa para consolidar las políticas de seguridad

Durante la presentación, Rus anunció que antes de fin de año el Ejecutivo enviará a la Legislatura un conjunto de iniciativas destinadas a acompañar con nuevas herramientas normativas las políticas públicas que la provincia viene implementando en materia de seguridad. «Venimos incorporando tecnología, profesionalizando nuestros recursos humanos y generando nuevas capacidades para investigar y prevenir el delito. Ahora necesitamos darle sostenibilidad a todo ese trabajo mediante un marco normativo», aseguró.

Laboratorio de Identificación Balística

La ministra anunció que el Gobierno impulsará una ley para otorgarle un marco normativo al Laboratorio de Identificación Balística, con un esquema similar al que posee el Laboratorio de Huella Genética.

Explicó que esta herramienta permite determinar si un arma fue utilizada en distintos hechos delictivos y establecer vínculos entre investigaciones. «El laboratorio de identificación balística nos permite identificar el arma utilizada en un homicidio o en un robo y reconstruir esa trazabilidad como hoy hacemos con el laboratorio de huella genética. Necesitamos que también tenga su propia ley», sostuvo.

Ley de Responsabilidad Penal Juvenil

Rus confirmó además que se presentará el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, elaborado junto con operadores judiciales y que actualmente continúa enriqueciéndose en una mesa interdisciplinaria integrada por representantes del sistema educativo y del Poder Judicial. «Es una ley que estamos trabajando junto con operadores judiciales y también en una mesa interdisciplinaria porque entendemos que requiere una mirada amplia», manifestó.

Reforma de la Ley de Tránsito

En materia de seguridad vial, el Ejecutivo impulsará una modificación de la Ley de Tránsito orientada a incorporar nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer los controles en rutas y en los sectores con mayor conflictividad vial.

La propuesta surge del trabajo realizado junto con víctimas de siniestros viales y distintos actores vinculados a la seguridad vial.

«Venimos trabajando la agenda vial con víctimas y con operadores del sistema. Hay lugares donde resulta muy difícil custodiar únicamente con presencia física y allí la tecnología puede aportar herramientas muy importantes para mejorar la prevención y el control».

Reforma del Código Contravencional

La ministra anunció además que se analizan modificaciones al Código Contravencional para incorporar nuevas figuras que permitan sancionar conductas que actualmente no alcanzan a configurar un delito penal.

Entre ellas mencionó la ocupación de colectivos por parte de barras cuando esos hechos no encuadren en figuras penales. «El primer anillo de contención sigue siendo fundamental para la seguridad pública. Aunque Mendoza tiene una ley contravencional moderna, estamos estudiando algunos ajustes».

«Hoy Mendoza lleva meses sin que tengamos un solo colectivo tomado por barras. Es una política que hemos logrado sostener y queremos que, cuando esas conductas no constituyan un delito, tampoco queden sin ninguna sanción», afirmó.

Reforma de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario

Rus también anunció una reforma de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario, con el objetivo de consolidar el modelo de unidades productivas y de trabajo que viene desarrollándose en las cárceles provinciales. «En Mendoza, el trabajo de las personas privadas de libertad no solo es un derecho; también es una obligación», sostuvo.

La ministra explicó que la Provincia viene fortaleciendo el desarrollo de actividades productivas dentro de los establecimientos penitenciarios y consideró necesario consolidar ese modelo dentro del marco legal vigente: «Cada vez tenemos una mayor industria penitenciaria y creemos que ese trabajo necesita quedar ordenado y consolidado en la ley».

Intervención preventiva de inmuebles vinculados al delito

Otra de las iniciativas buscará otorgar respaldo legal a la política de intervención preventiva de inmuebles vinculados a actividades delictivas, que actualmente se implementa mediante una resolución ministerial.

Rus recordó que esa herramienta permitió hasta el momento concretar 11 demoliciones de inmuebles considerados peligrosos para la seguridad pública, además de recuperar propiedades usurpadas y evitar nuevas ocupaciones ilegales mediante su cierre preventivo.

«Hemos tenido una respuesta muy positiva de los vecinos y de los municipios. Queremos transformar esta política en una política de Estado y darle un marco legal que fortalezca también el trabajo conjunto con los gobiernos locales», agregó.

Reforma del Código Procesal Penal

Finalmente, la ministra confirmó que el Ejecutivo trabaja en una modificación del Código Procesal Penal orientada a limitar la reiteración de beneficios procesales para personas reincidentes.

Explicó que la iniciativa surge del análisis de casos concretos y busca fortalecer la respuesta del sistema judicial frente a quienes acumulan reiteradas oportunidades procesales. «Estamos estudiando una reforma para cortar la cadena de beneficios procesales de algunos sujetos que pasan de una suspensión del juicio a prueba a una condena condicional y luego vuelven a obtener nuevos beneficios», anunció.

Rus destacó que la implementación del sistema de flagrancia viene mostrando resultados positivos y señaló que la incorporación de tecnología permitió acelerar los tiempos de investigación y resolución judicial. «Hoy, cerca del 25 por ciento de las detenciones tienen que ver con la tecnología y con la flagrancia. Estamos logrando condenas más rápidas y también queremos que esas condenas sean contundentes», afirmó.

«Entendemos que, cuando una persona ya recibió un beneficio, no debe volver a obtener otro por un nuevo hecho. También tiene que funcionar el efecto preventivo de la condena», finalizó.