El titular de Irrigación, Sergio Marinelli, expuso los avances del proyecto que impulsa el oficialismo. Aseguró que recién sería entregado al gobernador a finales de año.
Este martes, el titular del Departamento General de Irrigación (DGI), Sergio Marinelli expuso ante el plenario de las comisiones de Ambiente y Recursos Hídricos y de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda de Diputados, sobre los avances del Plan Hídrico.
Entre otros puntos, Marinelli dio detalles del grado de avance que tiene el proyecto para regular el uso del agua por los próximos 25 años, pero aseguró que no estará finalizado antes de diciembre.
“Ya tenemos el Master Plan que presentamos con Mekorot a principios de año. Estamos en una segunda etapa que va a tener la direccionalidad que va a tener la provincia en general para hacer un diagnóstico mucho más avanzado, con directrices concretas para toda la provincia y con obras en diferentes líneas de acción. En paralelo estamos trabajando en los planes específicos por cuenca”, afirmó el titular del DGI.
Puso fecha para el Código de Aguas
Por otra parte, también se refirió al Código de Aguas, el proyecto que propone modificar la Ley de Aguas vigente desde 1884.
“Cuando se redactó, mucha gente se oponía, porque al no conocer el plan, a lo mejor lo veían abstracto. Ese proyecto de código también dice muchas cosas que dice la ley actual, pero los usos y costumbres hacen que no se cumpla. Estamos llevando procesos paralelos para que la gente advierta cuál es la ley y que entienda que ese plan respeta la ley actual. Más allá de esto, todo debe ser criticado y ha tenido sus críticas y algunas posiciones contrarias, se van a tener en cuenta esas posiciones“, explicó el funcionario
En este sentido, Marinelli estimó los tiempos que faltan para que el proyecto esté terminado, y además, confirmó que se entregarán al gobernador en conjunto con el Código de Aguas.
“No sé cómo le dispondrá el gobierno provincial o los legisladores, yo creo que lo más sano es tener dos leyes que se aprueben de manera conjunta. Esto sería, sí, de diciembre en adelante“, afirmó.
Esta fecha estimada, supone una demora de dos meses con respecto al cronograma que el oficialismo dio a conocer la semana pasada a través de una publicación en el Boletín Oficial.
Allí se establecía que el primer borrador del documento estará terminado durante las últimas semanas de agosto, el proyecto se redactará durante el mes de septiembre y la presentación final tendrá lugar en octubre.
El informe y la advertencia de Mekorot
El documento, de 90 páginas, elaborado por la empresa israelí fue presentado a mediados de febrero y servirá como base para el diseño del nuevo Plan Hídrico Provincial. Según las proyecciones, la provincia enfrentará un déficit del 17% en la disponibilidad de agua hacia 2050, impulsado por una combinación de mayor consumo y reducción en la oferta.
El estudio estima que el consumo crecerá un 5% hacia 2030, un 7% para 2040 y un 9% en 2050. En contraposición, la disponibilidad de agua se reducirá en un 5%, 10% y 17%, respectivamente, marcando un desequilibrio progresivo que pondrá en tensión a los sectores productivos, urbanos y ambientales.
La cuenca del río Mendoza, que abastece a la principal área metropolitana, es señalada como la más crítica: el déficit proyectado para 2050 alcanzaría los 764 hectómetros cúbicos, casi el doble de la capacidad del dique Potrerillos.
El diagnóstico no se limita al área metropolitana. Las cuencas del Diamante, Atuel, Tunuyán y Malargüe también presentan vulnerabilidades crecientes. Aun si se aplican medidas de eficiencia, como mejoras en riego y reducción de pérdidas en la red —que actualmente alcanza un 46%—, los especialistas advierten que no será suficiente para revertir el cuadro.
Uno de los puntos más sensibles del informe es la advertencia sobre el impacto de una eventual expansión de la frontera agrícola. Mekorot sostiene que activar tierras actualmente inactivas podría agravar la escasez de agua.
En ese sentido, recomienda una disminución progresiva tanto en la oferta hídrica superficial como en la demanda agrícola, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad de nuevos proyectos productivos, turísticos o mineros en zonas ya tensionadas.
