Se trata del caso “PAN B”, así denominado por el enfermero que llevaba esta práctica en el centro de salud N° 22 El Pascal, de departamento de Las Heras, Mendoza.
Si bien no se tiene aún conocimiento desde cuando viene ocurriendo esto, se cree que aproximadamente desde el año 2025 en adelante, la fiscalía ya está en conocimiento del tema, como así también el ministerio de salud de la provincia de Mendoza, entre otras áreas.
Al parecer esto se descubrió casualmente cuando el Dr. Gonzalo Herrera escucho a una persona decir que mandando solamente el mensaje “PAN B” al whasapp del enfermero, él podía hacer que figurara en que los chicos estaban vacunados.
Por supuesto que Herrera alerto a las distintas autoridades, las que ya han tomado cartas en el asunto y todo está bajo investigación.
Infosurnoticas pudo dialogar con el coordinador del área de salud de la provincia de Mendoza en San Rafael, Dr. Iván Gómez Parra, quien nos manifestó lo siguiente: “Se ha detectado a personal de salud del departamento de Las Heras, quien realizaba este tipo de maniobras, que sin dudas atentan directamente contra la salud pública, no solo en lo personal, sino que para todo el país”.
Tanto Iván Gómez Parra como Gonzalo Herrera han sido citados por la fiscalía para que declaren acerca de este caso, demás está decir que nada tienen que ver con lo que hacía el enfermero del centro de salud N° 22 El Pascal, todo lo contrario, ya que gracias a Herrera se descubrió todo esto.
Cómo fue la intervención encubierta: “Plan B”
Con esos indicios, se avanzó un paso más: una intervención encubierta. Desde la coordinación sanitaria se adquirió un chip telefónico corrspondiente a San Rafael, bajo una identidad falsa, se contactaron con el número que aparecía en los audios. El mensaje fue directo: “Plan B”. La respuesta no tardó en llegar.
Del otro lado, el enfermero explicó el procedimiento. Primero pedía los datos del menor. Después detallaba los costos: montos que, según la prueba incorporada, podían alcanzar los 270 mil pesos, más sumas adicionales por cada vacuna cargada.
Una vez realizado el pago, el circuito se completaba con la carga en los sistemas oficiales y la coordinación de un encuentro presencial -generalmente en estaciones de servicio o zonas céntricas del Gran Mendoza- para firmar la libreta sanitaria.
Toda esa conversación fue documentada y certificada por escribana. A esa prueba se sumaron audios aportados por el pediatra que había detectado la maniobra, capturas de pantalla, registros del sistema de inmunizaciones y planillas con detalles de pacientes, fechas, lotes y usuarios que realizaron las cargas.
Con ese volumen de evidencia, la fiscalía avanzó con la investigación penal. La División Delitos Económicos tomó intervención y comenzó a trabajar sobre la individualización de los sospechosos. El foco se centró en un enfermero del Centro de Salud N° 22 de El Pastal y en otra profesional del mismo efector, que también aparecía vinculada a algunas cargas.
Las pesquisas confirmaron domicilios, rutinas y lugares de trabajo. También identificaron el vehículo en el que se movilizaba uno de los sospechosos y verificaron el número telefónico utilizado para la operatoria.
Con esos datos, se solicitó una batería de allanamientos con un objetivo claro: secuestrar dispositivos electrónicos, documentación y cualquier elemento que permitiera reconstruir la maniobra.
Las medidas se ejecutaron este miércoles próximo pasado, en distintos puntos de Las Heras y Lavalle. Uno de los procedimientos se realizó en el propio Centro de Salud N° 22. El ingreso fue sin uso de la fuerza. Allí, los efectivos secuestraron sellos oficiales, un celular y documentación vinculada a la actividad sanitaria. Todo quedó registrado con cámaras corporales.
En paralelo, se allanó el domicilio del principal sospechoso. El resultado fue significativo: una computadora, dispositivos de almacenamiento, recetarios, certificados médicos y una caja con alrededor de 160 certificados de vacunación, algunos ya completados.
También se encontraron sellos de distintos profesionales y centros de salud, lo que para los investigadores abre la posibilidad de una operatoria más amplia.
El vehículo del enfermero también fue requisado. En su interior hallaron múltiples sellos -algunos con nombres de médicos-, certificados de vacunación, recetarios y documentación. En otro domicilio, vinculado a la segunda enfermera investigada, se incautaron teléfonos celulares, una CPU y recetarios con sellos médicos.
A pesar del resultado positivo de los procedimientos, no se dispusieron detenciones en esta etapa. La causa sigue en plena etapa investigativa. El análisis de los teléfonos y dispositivos secuestrados aparece como una pieza clave para determinar la cantidad de personas que accedieron al “Plan B”, el circuito del dinero y el grado de participación de cada uno de los involucrados.
La hipótesis fiscal es que no se trató de hechos aislados, sino de una práctica sostenida en el tiempo, al menos durante 2025 y este año. La causa está encuadrada hasta este jueves, como cohecho pasivo, aunque la prueba reunida también podría apuntar a posibles delitos de falsedad ideológica, inserción de datos falsos en registros públicos e incumplimiento de deberes de funcionario.
En el expediente se analiza un dato que sintetiza la gravedad del caso: los registros oficiales de vacunación, que son la base del control sanitario, habrían sido utilizados para simular coberturas inexistentes.
Para los pesquisas, no solo se trató de una maniobra ilegal para obtener dinero, sino de una alteración directa de información clave para la salud pública. Por lo que detallaron las fuentes a este diario, “la dimensión real del caso todavía está en proceso de reconstrucción”.
