
La exfuncionaria de Las Heras asumió en la banca en 2024 pero ese mismo año fue suspendida. Tras la condena con inhabilitación, el cuerpo legislativo oficializó el procedimiento para apartarla.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la exclusión de Janina Ortiz como miembro integrante. El trámite se produjo por unanimidad, incluyendo los exsocios políticos de la legisladora. Había ingresado a la cámara en 2024 y luego fue suspendida en marzo de ese año, en el marco de la investigación que derivó en la condena por la causa denominada Cooperativa Fantasma.
Es la primera diputada excluida de la Cámara desde el regreso de la democracia. En otros varios casos se votó una suspensión de la banca y en otros dos, hubo renuncias cuando los procesos judiciales estaban en trámite.
Ortiz fue condenada a 3 años de prisión en suspenso más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el desvío de aproximadamente 35 millones de pesos del patrimonio municipal.
Durante el tratamiento, diputados de la oposición como Julio Villafañe (PJ), quien a su vez es el presidente de la comisión de Derechos y Garantías, manifestó su preocupación por el “acuerdo de los mencionados Ortiz y Orozco con la Justicia” y agregó que espera que se repare al municipio en cuanto a la afectación patrimonial del delito.
El lunes pasado, la comisión de Derechos y Garantías emitió el dictamen por unanimidad para autorizar el tratamiento sobre tablas en el recinto. La resolución planteó que Ortiz perdió las condiciones de idoneidad y elegibilidad necesarias para ejercer el cargo. El argumento se apoya en los artículos 91 y 65 de la Constitución provincial y en la sentencia dictada por la Justicia mendocina.
Por su parte, el presidente del cuerpo, Andrés Lombardi, se defendió de las críticas por cómo se manejó la suspensión de la banca y por sus vínculos con el radicalismo. “Fue echada de la UCR“, dijo. Avaló el funcionamiento de la Justicia en la causa y defendió el mensaje que pretende darle a la ciudadanía respecto al funcionamiento de la cámara y la vigencia de la Ley de Ficha Limpia.
Cómo queda configurado el cuerpo a partir de esta decisión
Con este paso crucial, ahora restan las definiciones en torno al reemplazo de Ortiz en la banca, que está vacía desde marzo de 2024 cuando se votó por amplia mayoría su suspensión, que no implicaba en sí mismo una exclusión, sino que el cargo quedaba supeditado a los avances de la investigación por peculado.
Consumada la exclusión, ahora corresponde que ingrese en la Cámara de Diputados la abogada María Belén Castillo, del PRO, quien compartió lista con Ortiz en el heterogéneo armado de la La Unión Mendocina, con el que compitió en las elecciones de 2023.
La particularidad es que el primer dirigente que seguía en la nómina era José Caviglia, dirigente libertario que falleció en 2025, por lo que Castillo quedó como siguiente candidata. En mayo pasado, la abogada había denunciado al presidente del cuerpo, Andrés Lombardi por “abuso de autoridad” por negarle asumir esa banca, pero el presidente de la Cámara planteó que la suspensión de Ortiz no fue considerada una vacancia definitiva.
Ahora que es efectiva la exclusión de la exsecretaria de Gobierno laseherina Castillo deberá jurar y asumir. Aunque en diálogo con El Sol, confirmó que aún no ha sido notificada. Se presume que ocupará un lugar en el bloque del PRO, compuesto por Cintia Gómez, Stella Huczak y Jimena Cogo.
Lombardi había confirmado que reservó lugares vacíos en algunas comisiones a los efectos de completarlos con la persona que deba ingresar.
Una banca vacía por más de dos años y el reclamo por las dietas
Ortiz asumió en la Cámara de Diputados en frebrero de 2024 y fue suspendida en marzo de ese año. La suspensión fue adoptada por el cuerpo legislativo con una mayoría superior a los dos tercios y bajo el artículo 91 de la Constitución de Mendoza, que permite a cada Cámara corregir, suspender o excluir a uno de sus integrantes.
El bloque de La Unión Mendocina fue el único que había votado en contra, aunque en ese momento era integrado también por el PRO y ahora está fragmentado.
Ahora, conocida la condena, la diputada suspendida reclamó el cobro retroactivo de los 32 sueldos desde su suspensión. Aunque la comisión que dio dictamen para este tratamiento, también consideró improcedente este pedido. Los integrantes del cuerpo ratificaron la resolución que dispuso tanto la suspensión como el cese del pago. La exlegisladora había dicho que esta suspensión era inconstitucional porque se produjo sin sentencia firme.
Fuente: https://www.elsol.com.ar/







