El Gobierno de Mendoza publicó en el Boletín Oficial dos guías de intervención ante incidentes de seguridad que ordenan la respuesta frente a situaciones críticas, tanto en el ámbito policial como en el educativo.

Se trata de las resoluciones 170 y 255 del Ministerio de Seguridad y Justicia, que habían sido sancionadas en enero y ahora quedaron formalmente oficializadas.

Por un lado, se estableció el Procedimiento Integral de Actuación en Crisis con intervención de las Fuerzas de Operaciones Especiales, una herramienta operativa que regula cómo debe ser la intervención policial ante escenarios de alta complejidad.

Este procedimiento fija criterios de actuación para las primeras respuestas en situaciones críticas, donde el primer efectivo en llegar no pertenece necesariamente a fuerzas especiales, y define cómo asegurar el lugar, contener la situación y sostener la intervención hasta el arribo de los equipos especializados.

El protocolo incorpora estándares actuales en gestión de crisis y contempla escenarios como agresores armados, incidentes con explosivos, conflictos sociales y situaciones de riesgo extremo, con el objetivo de reducir el impacto y resguardar la vida de las personas.

En paralelo, el Gobierno publicó una segunda guía específica para el ámbito educativo, que establece cómo deben actuar directivos, docentes y personal no docente ante una situación crítica dentro de un establecimiento.

Este documento define las acciones a seguir en los primeros minutos frente a cuatro escenarios concretos que hoy forman parte de las situaciones de riesgo en escuelas, como amenazas de explosivos, conflictos en el entorno escolar, presencia de agresores armados y crisis de salud mental en curso.

La guía educativa busca ordenar la toma de decisiones dentro de la institución hasta la llegada de la Policía o de los equipos especializados, en un contexto donde la autoridad presente cumple un rol clave para resguardar a estudiantes y personal.

Además, la normativa instruye al Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales a coordinar con la Dirección General de Escuelas la realización de capacitaciones, simulacros y jornadas de sensibilización para aplicar estos protocolos en la práctica.

Ambas herramientas forman parte del proceso de actualización de los procedimientos de seguridad frente a escenarios de mayor complejidad, con foco en mejorar la capacidad de respuesta y unificar criterios de actuación ante situaciones críticas.

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