En una encendida alocución Guillermo Carmona advirtió sobre los riesgos del Proyecto de Ley de Defensa de Soberanía Nacional.
Pidió un contundente rechazo al mismo porque implica amenazas a los derechos constitucionales de los ciudadanos estableciendo, a través de la securitización, un estado suspensión del Estado de Derecho. El proyecto introduce aspectos que desnaturaliza la cuestión Malvinas porque introduce aspectos de seguridad interior cuando la política de Estado siempre ha estado vinculada la soberanía, la defensa y las relaciones internacionales. Denunció además la explotación ilegal de recursos naturales.
Invitado por el bloque de diputados de Unión por la Patria, al Plenario de tres comisiones del congreso para el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional; el abogado mendocino Guillermo Carmona, exsecretario de Malvinas y expresidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la HCDN, denunció el intento de securitización que, con la excusa de la seguridad nacional, pretende suspender garantías constitucionales, y lanzó una fuerte pregunta:
“¡¿Van a utilizar la cuestión Malvinas para perseguir a nuestros periodistas, a nuestros pibes o para amordazar a los partidos políticos. Porque esto es lo que se está planteando aquí: Utilizar la causa sagrada de Malvinas para perseguir a los argentinos. Están poniendo la hipótesis del conflicto adentro del territorio argentino, no en una disputa de soberanía.”
El elefante en la sala es el Petroleo
Mientras que algunos de los disertantes que lo precedieron en el uso de la palabra abordaron aspectos legales, políticos y de diverso índole, Carmona planteó que:
“Estamos hoy aquí porque nos encontramos ante un punto de inflexión sobre la cuestión Malvinas: el comienzo de la actividad hidrocarburífera, la posibilidad de que se extraiga el primer barril de petróleo en nuestras Islas Malvinas por parte de un gobierno ilegítimo, usurpador y colonialista. Y por parte de empresas y un conjunto de intereses de fondos de inversión británicas, israelíes y estadounidenses”.
Como ya viene planteando en diferentes foros, Carmona sostiene que esta explotación ilegal de nuestros recursos implica una consolidación de la posición colonialista británica de muy difícil resolución. Además de un gran riesgo de un desastre ambiental para el mar argentino por la explotación de empresas sin un marco regulatorio del Estado nacional.
En este sentido denunció a los funcionarios de Miley por su complicidad con el avance de estas explotaciones a través de la inacción y la total falta de control:
“La actual administración durante tres años no hizo nada. La última sanción fue en abril del 2022, La inició Daniel Filmus como secretario y la terminé yo junto al secretario Dario Martinez.
No solamente no se ha sancionado en los términos de las leyes 26.659 y 26.915 sino que se han habilitado empresas a operar en Argentina mientras se involucraron en operaciones ilegales en Malvinas”.
Carmona instó fuertemente a que el congreso se involucre, “este congreso tiene que investigar. Estas empresas son Harbour Energy, Blue Water, Noble Energy y Trafigura que regentea la refinería de Bahía Blanca mientras tiene un financiamiento de cien millones de dólares para el financiamiento de León Marino. Esta situación es insostenible”, enfatizó el mendocino.
Lo geopolítico como telón de fondo
El exdiputado se refirió a aspectos de la Política de Exterior y Defensa en la que denunció ante el plenario de las tres comisiones de la Cámara de Diputados que: “hace casi tres años que no hay presencia de ninguno de los tres cancilleres que tuvo el gobierno de Miley en este congreso. Nunca han venido a dar explicaciones y han pasado un motón de cosas con Malvinas, la política exterior y el alineamiento automático con Estados Unidos e Israel".
No puede avanzar este proyecto sin que los funcionarios vengan a explicar las aberraciones que han cometido sobre la cuestión Malvinas.
Carmona señaló las fragantes contradicciones de la postura del gobierno de Miley:
“Se plantea endurecer la posición con el reino unido mientras hay un pacto de cooperación, el pacto Mondino-Lami reedita el pacto Foradori-Duncan que nuestra gestión dejó sin efecto. No se puede decir que se va a defender la soberanía nacional mientras hay un pacto de cooperación con los británicos".
Denunció el desmantelamiento del Consejo Malvinas (Ley 27.588) que: “hace más de dos años que no funciona". Este congreso debe reclamar por el Consejo Malvinas, no por el Consejo de Seguridad Nacional. Ahí está la definición de una política de Estado”.
El diputado Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, le cedió su tiempo de orador a Carmona quien continuó señalando que: “este proyecto de securitización desplaza a tal punto la naturaleza del cuestión Malvinas que no se mencionan ninguno de las más de cincuenta resoluciones de Naciones Unidas que la comunidad internacional ha producido a favor de la cuestión Malvinas. Que ni siquiera mencione la resolución 2941, que es la que prohíbe los actos unilaterales en Malvinas, es un atentado contra la razón y una falta de respeto a este congreso”.
Denuncia a los funcionarios de Miley
También se indignó frente a los conflictos de intereses de los funcionarios actuales:
“Les pido a los legisladores que investiguen: la Secretaria de Malvinas y el propio Canciller han sido denunciados públicamente por conflictos de intereses en relación con sus vínculos con el reino unido. Tenemos una embajadora en Londres que actúa con una grado de impunidad en la cooperación con en el reino Unido que resulta insostenible”.
Frente a las sanciones que plantean hacer en el futuro de aprobarse este proyecto sanciones Carmona sentención. “CUMPLAN LA LEY, hoy ya tienen los instrumentos legales. Apliquen la ley 26915 la 26665 o la 24.922 de pesca. ¡¿Vamos a esperar mientras siguen todas estas empresas incumpliendo el régimen legal argentino?! Es una atrocidad! El capítulo de desestimiento o regularización es un contrabandeo de una amnistía a las empresas que entraron durante la gestión de Miley a operar ilegalmente en la Argentina o que estando en operando legalmente en el país invirtieron en Malvinas. Aplican la ley, no sean funcionales al imperio británico”.
Finalmente señaló:
No se puede ser soberanista en Malvinas mientras se entrega la soberanía nacional en el resto del territorio argentino. Este proyecto como está planteado no es solamente funcional al poder británico es funcional a la extranjerización de la tierra y al dominio de potencias extranjeras sobre los factores estratégicos de Argentina. Así como este congreso rechazo la ley de tierras, pedimos que rechacen este nuevo instrumento que implica extranjerización en tanto y en cuanto brinda elementos para aplicar la política securitista de Estado Unidos e Israel en nuestro país.